EL GOBIERNO DE CANARIAS DIRIGE UNA CAMPAÑA PARA APLACAR LOS EFECTOS DE LA ENTRADA DE UVA FORÁNEA


18 de Diciembred e 2012.

El Gobierno de Canarias dirige una campaña de control para aplacar los efectos de la entrada de uva foránea

Juan Ramón Hernández explicó que esta iniciativa, en la que intervienen distintas administraciones, responde a las demandas del sector vitivinícola canario

El empleo de esta fruta es ilegal en la elaboración de caldos con DOP o IGP, pero si está autorizado en la producción de vinos que no gozan de estos distintivos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), está liderando una iniciativa interadministrativa que pretende aplacar los efectos de la entrada de uva foránea en las Islas mediante la organización de una campaña de control, que responde a las demandas del sector vitivinícola canario. 

El consejero del Área, Juan Ramón Hernández, indicó hoy en el Parlamento que esta medida, en la que participan, además del ICCA, la Delegación de Gobierno en Canarias, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Comercio, consiste en la intensificación de las inspecciones en los puertos, bodegas, bares, tascas y guachinches, para garantizar que se cumple la normativa.

En respuesta a un pregunta parlamentaria, el responsable del Departamento señaló que el Ejecutivo canario, en colaboración con la Delegación del Gobierno, ha puesto en marcha esta campaña de control de la entrada de uva de procedencia exterior en las Islas partiendo de la base de que la entrada de este fruto en el Archipiélago, pese a que es legal, está teniendo efectos negativos en este subsector.

Esta campaña, que se extenderá hasta el primer trimestre de 2013, responde a la necesidad de reforzar las actuaciones de control ante la introducción masiva de uva de vinificación foránea, cuyo empleo, pese a ser ilegal en la elaboración de vinos acogidos a figuras de calidad-Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), si está autorizado en la producción de vino que no goza de estos distintivos.

El problema se plantea cuando estos caldos, elaborados con uva foránea, no cuentan con dichos sellos y se comercializan bajo determinadas denominaciones de venta o menciones como “Vino de mi cosecha, Vino del país, o Vino de la casa”, -que no están reguladas y por lo tanto no éstas prohibidas-, ya que su uso puede generar una confusión en el consumidor sobre el origen del vino, pudiendo dar a entender que proceden de uvas de Canarias. El canal de comercialización de estas producciones vitivinícolas suele ser en bares, tascas y los conocidos guachinches.
“Esto tiene diversos efectos negativos sobre la protección del consumidor que acude a este tipo de establecimientos, ya que se parte de la base de que éste desea consumir vinos del Archipiélago y cuando el caldo sin DOP ni IGP es comercializado bajo uno de esos nombres parece que es de las Islas cuando en realidad no es así”, explicó Hernández.

Por otra parte, esta situación puede generar también un problema agrícola indirecto de abandono de los viñedos, ya que la uva de procedencia exterior es más barata que la producida en Canarias y cuando se utiliza en esos casos, frente a la de viñedos canarios, puede desincentivar la actividad agrícola frente a la importación de uva. Asimismo, puede derivar en un posible problema de seguridad y calidad agroalimentaria ya que muchas de las bodegas que suministran a estos bares, tascas y guachinches son pequeños establecimientos, en numerosas ocasiones de carácter familiar, que por su escasa dimensión y funcionamiento posiblemente algunos son clandestinos y estarían escapando al control tanto del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria como de la Dirección General de Salud Pública.

“Es importante destacar que ni el Gobierno de Canarias ni la Administración del Estado están en contra de esta actividad tradicional. Somos conscientes de que genera una economía complementaria de las rentas familiares, pero sabemos que nuestro trabajo es defender que estos establecimientos cumplan con un mínimo de controles de calidad y seguridad alimentaria, que garanticemos una protección del consumidor al mismo tiempo que combatimos una competencia desleal hacia el resto de operadores alimentarios”, agregó el titular de Agricultura.

El Estado es el competente en el control de la entrada de uva foránea a través de los puertos y aeropuertos. Las actuaciones de control solicitadas a la Dirección General de Salud Pública pasan por comprobar, en un número representativo de bodegas, que éstas están adecuadamente inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos y Establecimientos Alimentarios y que cumplen las condiciones higiénico-sanitarias aplicables a este tipo de establecimientos, así como comprobar la trazabilidad de la uva, recabando en los locales inspeccionados la documentación de la procedencia de la misma y del vino producido.

Corresponde a la Dirección General de Comercio y Consumo revisar en un número representativo de bares, tascas y ventas de vino o guachinches que el etiquetado, presentación y publicidad de los vinos comercializados es correcto.

Finalmente, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural colabora, a través de su Servicio de Sanidad Vegetal, especialmente en las actuaciones que éste lleva a cabo sobre las partidas de uva de vinificación sobre las que se sospeche la presencia de plagas.


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